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18
Mar
2010
Fuente: La Voz de Galicia
Los expertos consultados por La Voz de Galicia señalan que su falta de eficacia contra la crisis, la corrupción y la desconexión con los ciudadanos están empeorando su imagen
El último barómetro del CIS conocido el pasado jueves hacía sonar todas las alarmas. La clase política se consolida como el tercer problema para los españoles, solo superado por el paro y la marcha de la economía, pero por delante del terrorismo y la inmigración. Nuestros políticos han pasado en solo dos años de ser la séptima preocupación a ocupar el tercer escalón del podio de las desgracias, de ser citados como uno de los principales problemas por el 6,8% de los encuestados a que los nombren el 16,8%. Además, los ciudadanos suspenden a todos los líderes políticos.
No es casual que ante este panorama José Bono y Javier Rojo se hayan movido para poner más trabajo en enero y julio a diputados y senadores después de las críticas por su largas vacaciones de 48 días.
¿A qué se debe el creciente descrédito de los políticos? Los cinco expertos consultados por La Voz señalan la crisis económica, la corrupción, la lucha partidista y la desconexión de los ciudadanos con la política como las principales causas.
El catedrático de Sociología Ander Gurrutxaga explica que «los ciudadanos no confían en las respuestas políticas para encontrar soluciones a sus problemas reales y a los inducidos por la propia acción de la política». «Si no se resuelven los problemas claves -crisis, paro, falta de ilusión- y si la acción pedagógica es casi inexistente y la frivolidad, los enfrentamientos, la demagogia, la corrupción y la simulación-aparentar aparecen en el horizonte con más frecuencia que la deseada, la conclusión es obvia: desafección, desconfianza, falta de interés».
Parte del problema
«La crisis está minando la confianza y muchos ciudadanos perciben que algunos partidos y algunos líderes anteponen sus propios intereses a los generales», explica Daniel Ureña, director de MAS Consulting y profesor de Ciencia Política. En su opinión, también influye «el elevado nivel de enfrentamiento de la política española, que en tiempos de crisis no es bien entendido». Y va más allá: «Los partidos cuentan con amplias cotas de poder que en ocasiones anulan la iniciativa ciudadana de la sociedad civil, tan necesaria en una democracia».
«La dialéctica política alejada de los intereses de los ciudadanos ha provocado que estos comiencen a verlos como parte del problema y no de la solución», señala Rafael Rubio, profesor de Derecho Constitucional. El catedrático de Sociología Fermín Bouza apunta, como Rubio, la crisis y la corrupción como las dos causas de que los políticos hayan pasado a ser «un problema». Pero hace una reflexión de fondo: «Desde que los partidos han dejado de ser de masas, como se decía, para ser de gestión, han perdido interacción con la gente», señala. «Los políticos han pasado a ser gestores y como tales la gente no tiene buena opinión de ellos», añade.
«En mi opinión tiene que ver con los escándalos de corrupción y las noticias sobre conductas no éticas de los cargos públicos», asegura el catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria. «Si se analizan las series del CIS se puede ver que existe correlación positiva entre datos sobre corrupción y mala imagen de los políticos», añade. Villoria, que es miembro del comité de dirección de Transparencia Internacional, añade «la incapacidad que muestran a veces para respetar las reglas limpias del juego político» y «la ineficacia en relación, sobre todo, a la crisis económica».
Privilegios que generan desconfianza en tiempos de crisis
La clase política, esa que preocupa a los españoles más que el terrorismo, está formada por cerca de 80.000 personas. La gran mayoría de ellas son concejales y alcaldes, casi 74.000 en toda España. Este enorme número de ediles, unido a una legislación urbanística que deja en sus manos la toma de decisiones que implican negocios de miles de millones de euros, es lo que provoca que la mayor parte de los casos de corrupción conocidos estén vinculados a los ayuntamientos.
La inmensa mayoría de los concejales españoles son honrados. Pero las cantidades que se mueven gracias a los que se corrompen son enormes. Estudios policiales recientes han determinado que la corrupción urbanística genera en España más dinero que la droga.
El segundo colectivo más numeroso de la clase política son los parlamentarios autonómicos, 1.206 en total, seguido de los diputados provinciales (1.031), diputados nacionales (350), senadores (264), responsables de cabildos y consejos insulares (139) y europarlamentarios (54). Sin contar la multitud de asesores a los que por ley tienen derecho a contratar, los sueldos de los cargos electos cuestan a los españoles un total de 720 millones de euros al año. Una cantidad que justifica con creces la exigencia ética que los ciudadanos aplican a sus representantes.
Además de sus sueldos, el desafecto creciente hacia los políticos está marcado también por el conocimiento de los privilegios de los que gozan en comparación con el resto de los trabajadores. Unas prebendas que, en tiempo de crisis, resultan especialmente incomprensibles para el ciudadano común. En el libro La Casta, el periodista Daniel Montero ha recopilado los datos que configuran lo que denomina «el increíble chollo de ser político en España». Diputados y senadores son los examinados con mayor celo, dada su relevancia pública. Entre sus privilegios se encuentra el hecho de que tengan asegurado el viajar siempre gratis en avión, tren o barco. Ni siquiera tienen que adelantar el gasto. El Parlamento se lo abona al transportista. Si viajan en su propio coche, se les pagan 0,25 euros por kilómetro.
Pensión con solo siete años
Pero, por si alguno no dispone de coche oficial o no tiene el suyo a mano, la Cámara entrega a cada parlamentario una tarjeta con la que pueden gastar hasta 250 euros mensuales en taxis en Madrid. Además, cada vez que realizan un viaje oficial reciben 120 euros diarios adicionales si es en España y 150 si es en el extranjero. En pleno debate sobre el futuro de las pensiones y el retraso en la edad de jubilación, sorprende conocer que un diputado o senador necesita trabajar solo siete años como parlamentario para tener derecho a la jubilación máxima de 32.000 euros anuales. Para obtener esa misma pensión, un ciudadano normal debe cotizar al menos 35 años y quince de ellos con la base más elevada, que ahora se pretende aumentar a 25.
Durante esos siete años de actividad parlamentaria, sus aportaciones a la Seguridad Social se cargan a los presupuestos del Congreso o Senado en lugar de a sus nóminas, como el resto de los españoles. Al margen de ello, casi un tercio de sus sueldos está exento de tributación fiscal, ya que se percibe en forma de dietas e indemnizaciones.
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